La Noción de Corrupción

La idea intuitiva de corrupción es la del funcionarios público que, abusando de su autoridad o recursos a su disposición, obtiene un suplemento salarial pagado discreta o generalizadamente por el sector privado. Es decir, el agente público privatiza en su favor un monopolio público y legal -el agente privado necesita de la intervención, o no intervención, presencia o ausencia del funcionario- y así convierte su función en una unidad de maximización económica o política privada. La oportunidad de la corrupción es pues, función tanto del tamaño de las oportunidades económicas bajo control del funcionario público cuanto de su discreción para decidirlas y del margen de control que le imponen. Solamente en sociedades muy primitivas la legislación no establece, para los agentes públicos, limitaciones más o menos precisa de su arbitrio personal y códigos más o menos minuciosos de probidad para su comportamiento público y privado, de modo que existe una presunción de animo felónico en los comcportamientos sospechosos.

Como el servicio público procura satisfacer, por definición, el interés general y no las apentencias de un sector o individuales, todo acto de corrupción - activo o pasivo- viola y degrada el orden cívico. Claro que los códigos de conducta son a menudo separados por prácticas generalizadas que diferencian la plata limpia (la proveniente de la actividad económica subterránea no desenfadadamente criminal) de la plata sucia ( que sería más "ilegitima"), así como los arreglos clandestinos de distribución de ambas. Esto revela, más allá de la falta de respeto a la ley y la autoridad, suciedad moral. El derecho y la economía brindan herramientas más o menos efectivas para atacar esas instancias de corrupción, interpretándolas así auténticamente y en un sentido restringido.

"Corrupción es toda acción, omisión, vicio o abuso que desvía las obligaciones legales y éticas de una función pública hacia objetivos privados, individuales o de un grupo, de beneficio económico, social o político"

Esta definición incluye, interpretando la corrupción en sentido amplio, la violación de normas legales (o éticas) que prohíben (desautorizan) el ejercicio de influencias indebidas (impropias). En terminos de políticas públicas, la privatización de bienes o beneficios públicos que resulta del hecho mismo o de los efectos de la corrupción que distorsiona la decisión y la asignación de los beneficios o correctivos previstos.

Como la política es un juego público de reglas y procedimientos asignacionales, sus actores, además de ganar o perder, frecuentemente manipulan las percpeciones y expectativas generales respecto de los interéses que les incumben. Por eso es tan difícil precisar los casos de corrupción afectiva del enjambre de escándalos y medias verdades que producen los conflictos de intereses económicos, políticos y de figuración pública.

Grupos y Operadores

Cuando nos concentramos en la vertiente de la interacción sector público-sector privado de la corrupción, podemos distinguir tres grupos: los operadores privados, los políticos y los funcionarios no electivos, incluyendo en este último grupo a la administración pública y a la jerarquía. Naturalmente, la interacción es compleja pero lo importante es verificar si cada grupo cuenta con un grado de autonomía propia y acceso mutuo suficientes como para que cada uno de ellos pueda cumplir con sus fuciones acabada y eficientemente.

Hay una corrupción, normalmente menor, que se da en la interacción del sector privado con los funcionarios de carrera, por el mero ejercicio de la activiad de éstos, como es el otorgamiento de permisos, licencias, autorzaciones, beneficios fiscales y aduaneros, subsidios, documentación, etc, etc, hay también tráfico intersectorial de influecnias y favores, lo que es especialmente preocupante cuando involucra a la función municipal.

Pero cuando realmente se verifican casos de corrupción mayor es cuando interactúan pari materia -de la misma forma- los funcoinarios de carrera, los judiciales y los políticos, como el caso de las privatizaciones, grandes compras y ventas del Estado, proyectos de obras públicas, otorgamiento de monopolios, concesiones de servicios y delegaciones del poder público, etc, etc, etc. En el Japón se llama "triángulo de hierro" a esa colusión de intereses políticos, burocráticos y de las grandes empresas. Claro que a esta imagen que parece tan claro hay que completarla con el enjambre de relaciones íntimas, de familia, amistad, cooperación, reciprocidad, alianza y complicidad que existen en toda sociedad, por más elemental que ella sea.

La corrupción, cuya presencia nos resulta tan repugnante, ominosa e irreductible como las alimañas, ha superado todas las barreras del tiempo y del espacio. Por ello, el estudioso de la política en algún momento se plantea si lo que parece ser una manifestación de disfunción social no es , en el fondo, un factor de estabilidad política, alimentado por los vigorosos motores de la codicia y el miedo, que normalmente acompañan al poder. Para avanzar en esa interpretación, se puede econtrar un aliado idóneo en el método aconómico.