Ética Gubernamental y de la Oposición Política
Por: Arturo Zuloaga
Constituye una verdad de perogrullo afirmar la necesidad de la existencia de una ética de los gobernantes, así como del gobierno, entendido como totalidad y con funciones por encima de la sociedad. A quines por designación popular se les faculta para realizar el difícil trabajo de controlar las actividades sociales de una nación, de manera de reducir las contradicciones producto de los diferentes intereses en juego y poder entonces garantizar el desarrollo, debe necesariamente exigírseles una conducta ética permanente regida por reglas estrictas, que deben ser, además, aceptadas voluntariamente, sin imposiciones, sin la aparición de contradicciones entre sus mandatos y los deseos e intereses cotidianos. Estas reglas deben funcionar automáticamente sin que sus aplicación llegue a constituir un estorbo o limitación en la actividad diaria del gobernante o del gobierno. Decir otro tanto para la oposición política pudiera no parecer tan evidente ni tan claro, y ése es uno de los principales males que aquejan hoy la gobernabilidad y tranquilidad de nuestro país; pensar que se le puede hacer exigencias al gobierno pero no a la oposición. Pero de hecho, y esa esperanza es lo que la mantiene, la oposición hoy puede ser el gobierno de mañana, sin importar cuan lejos este es “mañana”. Quienes participan de la lucha política lo hacen en función de la conquista del poder. Luego, pueden ser poder algún día y en ese momento no desplegarán conductas éticas distintas a las extendidas durante todo el tiempo que actuaron como oposición.
No existe deferencia entre los comportamientos éticos que se manifiesten mientras se es oposición y los que se asuman luego de ganar el gobierno. Por ello, exigirle un comportamiento ético a la oposición y otro al gobierno se cree que es una tesis absurda. Las mismas exigencias éticas efectuadas al gobierno deben ser igualmente exigidas a la oposición política.
Uno de los elementos éticos fundamentales en el ejercicio de la función de gobierno, del cual nuestro país se ha visto privado casi desde su reconstitución democrática, radica en el manejo pulcro y eficiente de los escasos recursos materiales y humanos de que dispone, para atender y satisfacer las necesidades infinitas de una población en su mayoría carente absolutamente de todo. Contra este manejo honesto de la cosa pública conspiran una serie de situaciones y condiciones producto del subdesarrollo de nuestro país, que deriva en la aparición de graves contradicciones internas, sin que esto signifique que la corrupción gubernamental sea un problema exclusivo de los países atrasados.
La corrupción, por otra parte, también está presente en la oposición política y de ese irrefutable hecho se derivan las restricciones legales existentes, en la mayoría de los países, en el uso y probidad de las donaciones que financien las actividades de partidos y otras organizaciones. Con estas regulaciones los estados tratan de protegerse de las distorsiones futuras que los vínculos económicos, ordinariamente adquiridos en campañas y otras lides electorales, pueden producir en la conducción del gobierno en función de sus fines y objetivos. Dicho en otras, el Estado se protege de conductas atléticas de los grupos políticos que aspiran al poder, para tratar de garantizar una conducción ética del mismo en el futuro. Nuestro sistema económico es impulsado por la obtención de la máxima ganancia, dentro de una suerte de torbellino avasallante que menosprecia los costos sociales de esta conducta, los cuales son tan elevados que han llevado a reaccionar en su contra a economistas prestigiosos en todas partes del mundo, al nacimientos de conceptos como lo de “capital social” (Kliksberg, 200 a, b; 2002) y al tratamiento de los contrastes en eventos de este tipo que los considera como “los desafíos del desarrollo”.
La existencia de esta situación impone trabas que dificultan el asentamiento y extensión de un comportamiento ético en los diferentes niveles gubernamentales y también dentro de las filas de la oposición política. Una consecuencia es el esfuerzo institucional que se debe hacer para fortalecer a la burocracia gubernamental, de manera que le permita resistir las presiones perversas de usuarios y contratistas suplidores de servicios e insumos materiales quienes, con su proceder carente en absoluto de ética, trabajan continuamente en la perversión de todo aquel que supuestamente se necesite para la tramitación de adquisiciones y pagos. Con la oposición, como ya se señalé, parte de la concertación de los “negocios” es a futuro, pero como comparte responsabilidades de gobierno también debe efectuar esfuerzos para garantizar un comportamiento honesto de sus funcionarios, comprender estas dificultades significa descubrir sus muchas y variadas aristas, así como las dificultades existentes para el control y corrección de las mismas, lo que en absoluto quiere decir que se esté justificando una situación indeseable y nociva para la mayoría.
Se trata de conocer con detenimiento el fenómeno y sus causas, para poder abordarlo como procede, detectarlo precozmente, castigarlo en forma ejemplar y así terminar por erradicarlo en forma definitiva. Para ello necesitamos una nueva aproximación a los problemas, asó como establecer acuerdos y alianzar de nuevo tipo, que permitan prácticas y ejecuciones frescas e incorporen realmente a la sociedad toda en acciones que vayan mucho más allá de lo declarativo, de las simples promesas, de la necesaria pero insuficiente “buena intención” o de la formal resolución tomada por expertos en un seminario local o congreso internacional. Como los que personalmente he asistido.
Otro elemento a tener en cuenta con relación a la carencia de ética que comenzamos analizando es el relativo a la juventud de nuestra nación, todavía en procesos de maduración, con instituciones no consolidadas, preñadas de necesidades e insatisfacciones que, junto con la pobreza educativa generalizada, dificultan la participación ciudadana, el ejercicio pleno de la democracia y construcción de equipos gubernamentales eficaces, eficientes, de respuesta oportuna y de alta gerencia social.
Es claro que estas limitaciones afectan también a la oposición, pues la democracia, la participación y la construcción de equipos de trabajo, no son posibles en medio de una pobreza educativa general. Influye, por otra parte, el proceso histórico de formación de nuestros estados y de sus nacientes democracias, que para garantizar sus estabilidad y funcionamiento requirieron ganar legitimidad y apoyo copular masivo, por lo que se organizaron alimentando una burocracia parásita, ignorante, totalmente improductiva, sin valores éticos de ningún tipo, con elevados grados de corrupción, consumidora de buena parte del presupuesto de gastos del Estado y dispuesta a cualquier cosa para mantener esa situación insostenible de privilegios, la cual se disfraza detrás de los llamados derechos adquiridos. Es este actualmente uno de los principales y más difíciles problemas a ser resueltos por nuestros gobernantes, si realmente se quiere emprender con seriedad el camino del desarrollo económico y humano posible con alcance real en su capital social. Pero no se trata de un problema sólo de los gobernantes, se rata de un problema de país como un todo, incluyendo a la oposición política, la que tendría que lidiar con esa burocracia si llegara a asumir el control del Estado. Además, esa pesada e ineficiente no sólo dificultan el funcionamiento del gobierno lo cual en principio podría ser visto por la oposición política, pues termina por dañarlos a ellos también. Ni el gobierno, ni la oposición, puede estar interesado en destruir al país, si su comportamiento se inscribe dentro del campo de los mandatos de la ética, independientemente que, no tenemos en consideración la existencia de otros intereses o el uso de la razón.
Puede ser, y acontece en la realidad, que ni el gobierno ni la oposición sepan que hacer con el país, con su aparato productivo, con su política fiscal, con sus relaciones comerciales, con su política social, y eso los lleve a fracasos estrepitosos, generalmente pagados principalmente por las mayorías desposeídas del la sociedad civil. Eso es factible, y nuestra historia esta llena de casos aleccionadores ocurridos muy atrás en el pasado y muy recientemente. Países de América Latina, símbolos pasados del éxito, han caído en situaciones indeseables por errores de los gobiernos y de sus grupos de oposición que hicieron su trabajo sin tampoco saber que hacer con el país y no pudieron evitar con sus acciones la debacle ocurrida y la miseria del presente. La oposición política tiene una función importante en el desempeño de los gobiernos democráticos. No esta allí sólo para demostrar que existe y que por lo tanto se está en presencia de una democracia. No esta allí sólo por la motivaciones de sus integrantes y la lucha por el poder que estas motivaciones producen. No esta allí solamente para tratar de desplazar a su adversario gubernamental y sustituirlo en el futuro. Está allí también para gobernar. Sí, para gobernar… no en la forma de alianzas que usualmente vemos en nuestro país, sino ejerciendo como es debido su acción opositora. Si no asumen posiciones prejuiciados, ni demostrativas, si es objetiva en el análisis de la acciones gubernamentales, si tiene como norte el bienestar del país, la oposición adquirirá debida, que necesariamente conducirá, a hacer variar la acción gubernamental en determinados casos, lo que significará que la oposición está ejerciendo su derecho a gobernar, en forma similar a como lo hace en el Congreso Nacional en la elaboración de leyes y realización de otras funciones. “Actuar de una forma no constructiva conduce a negarse como oposición, a peder su carácter de alternativa y a no comportarse bajo los dictados de la ética”
En el campo de la ética existe, y es necesario decirlo, un disociación entre lo que se dice y lo que se piensa, más que evidente en los altos representantes de la economía mundial y de las finanzas, los mandatarios de los países poderosos, el comercio, la gerencia privada y las capas sociales más desfavorecidas. Así, mientras el discurso es vehemente y apasionado respecto de la necesidad de alcanzar la protección del niño y adolescente, lo cual indicaría que se rata de un valor ético importante de toda la sociedad, la desnutrición infantil afecta al 30% de los menores de dos años y los niños de la calle aumentan en número, sin que se produzca la esperada reacción de horror al respecto. Y pero, sin que se produzcan acciones efectivas de todos dirigidas a aminorar situaciones y mucho menos tendientes a eliminar las causas de las mismas.
Esto significa que ciertos grupos sociales o personalidades no creen realmente todo lo que dicen sobre determinados valores éticos, cuya estricta aplicación podría significar una merma en la magnitud de la riqueza por ellos disfrutada. Ocurre lo mismo con la aceptación del significado de los conceptos de equidad e igualdad social. Es difícil, si no imposible, encontrar a alguien que de frente y sostenga que es en desacuerdo con la equidad. Usualmente esas posiciones se disfrazan detrás de otro tipo de consideraciones. En general, todo el mundo está de acuerdo con la equidad y con la igualdad social, vistas así, en abstracto. Sin embargo, al momento de organizar acciones para garantizar la vigencia fe ambos conceptos, aparecen las contradicciones y los rechazos, y se revelan de esa manera quienes realmente se oponen y están en desacuerdo con el significado de los conceptos. Y eso pese a las limitaciones que ya tienen estos conceptos, por lo menos el de equidad definido como la igualdad de oportunidades, pues es claro que no todos en la sociedad tienen la misma capacidad de utilizar las oportunidades que se les presentan, por loo que se trataría entonces de distribuir de un modo equitativo las capacidades de acceder a las oportunidades, lo que implica de un cambio cualitativo del concepto (Fuenmayor, 2002b). En respaldo de estas afirmaciones invoco las opiniones de especialistas internacionales en la disciplina, quines señalan que el planteamiento ético a las relaciones económicas entre los países avanzados y naciones atrasadas. Así, Ugalde -2001, 2002- habla de las dificultades de mantener la mecánica del individualismo posesivo y la necesidad de incorporar la solidaridad como valor ético necesario para alcanzar el desarrollo para todos en paz. Otros rechazan la aplicación de modelos y recetas de otras latitudes –Flores, 2001- o alertan sobre los peligros de la “globalización” que ha nublado lo fines y ha quebrado la perspectiva de los valores culturales (Montes, 2001).
Las contradicciones anteriores significan la existencia de una dualidad valorativa entre lo que valoramos como más justo teóricamente y lo que aceptamos ocurra en la practica diaria, aunque no se trataría de una doble moral – Prats &Catalá, 2001- sino de reconocer que la valoración ética teórica es incapaz, por el momento, de hacer variar en forma importante las cosas y, por lo tanto, para sobrevivir en un medio institucional, en el que sería suicida poner en práctica nuestros ideales éticos valorativos, y terminamos aceptando un discurso práctico mucho más permisivo. Esto explicaría el doble juicio valorativo ético y la tensión que se produce en todas las sociedades entre el nivel normativo y el nivel práctico de nuestros juicios.
“En síntesis, practicamos realmente una moral informal que desgraciadamente ni se ajusta a lo que pensamos ni tampoco es capaz de producir los cambios éticos requeridos”
Lo señalado anteriormente, sin embargo, no debería inhibirnos de continuar la lucha por la implantación de una nueva ética en las instancias gubernamentales y en el seno de la oposición política al interior de nuestro país y en las relaciones con otras naciones, con organismos financieros multilaterales y con empresas transnacionales de distinto tipo -Fuenmayor, 2002ª-. Acéptese o no, nuestro país no avanza hoy hacia etapas más vanguardistas que las democracias actuales, se requerirá mayor participación de la gente hasta que las coaliciones políticas protagonicen la construcción de sus propios destinos. Esto necesariamente incrementará las demandas éticas de los pueblos y sus gobernantes, a los dirigentes sociales y al resto de las organizaciones políticas y gubernamentales, oficiales y privadas, independientemente de las dificultades que generen los antivalores creados por las relaciones perversas de las últimas décadas producto del enriquecimiento ilícito. (Fuenmayor. 2002ª) Y así tenemos ejemplos como Iver-Link, Ferrocarriles del Estado, Chile Deportes, INDAP, Transantiago, por mencionar los conocidos por la opinión públicas.
Por: Arturo Zuloaga
Constituye una verdad de perogrullo afirmar la necesidad de la existencia de una ética de los gobernantes, así como del gobierno, entendido como totalidad y con funciones por encima de la sociedad. A quines por designación popular se les faculta para realizar el difícil trabajo de controlar las actividades sociales de una nación, de manera de reducir las contradicciones producto de los diferentes intereses en juego y poder entonces garantizar el desarrollo, debe necesariamente exigírseles una conducta ética permanente regida por reglas estrictas, que deben ser, además, aceptadas voluntariamente, sin imposiciones, sin la aparición de contradicciones entre sus mandatos y los deseos e intereses cotidianos. Estas reglas deben funcionar automáticamente sin que sus aplicación llegue a constituir un estorbo o limitación en la actividad diaria del gobernante o del gobierno. Decir otro tanto para la oposición política pudiera no parecer tan evidente ni tan claro, y ése es uno de los principales males que aquejan hoy la gobernabilidad y tranquilidad de nuestro país; pensar que se le puede hacer exigencias al gobierno pero no a la oposición. Pero de hecho, y esa esperanza es lo que la mantiene, la oposición hoy puede ser el gobierno de mañana, sin importar cuan lejos este es “mañana”. Quienes participan de la lucha política lo hacen en función de la conquista del poder. Luego, pueden ser poder algún día y en ese momento no desplegarán conductas éticas distintas a las extendidas durante todo el tiempo que actuaron como oposición.
No existe deferencia entre los comportamientos éticos que se manifiesten mientras se es oposición y los que se asuman luego de ganar el gobierno. Por ello, exigirle un comportamiento ético a la oposición y otro al gobierno se cree que es una tesis absurda. Las mismas exigencias éticas efectuadas al gobierno deben ser igualmente exigidas a la oposición política.
Uno de los elementos éticos fundamentales en el ejercicio de la función de gobierno, del cual nuestro país se ha visto privado casi desde su reconstitución democrática, radica en el manejo pulcro y eficiente de los escasos recursos materiales y humanos de que dispone, para atender y satisfacer las necesidades infinitas de una población en su mayoría carente absolutamente de todo. Contra este manejo honesto de la cosa pública conspiran una serie de situaciones y condiciones producto del subdesarrollo de nuestro país, que deriva en la aparición de graves contradicciones internas, sin que esto signifique que la corrupción gubernamental sea un problema exclusivo de los países atrasados.
La corrupción, por otra parte, también está presente en la oposición política y de ese irrefutable hecho se derivan las restricciones legales existentes, en la mayoría de los países, en el uso y probidad de las donaciones que financien las actividades de partidos y otras organizaciones. Con estas regulaciones los estados tratan de protegerse de las distorsiones futuras que los vínculos económicos, ordinariamente adquiridos en campañas y otras lides electorales, pueden producir en la conducción del gobierno en función de sus fines y objetivos. Dicho en otras, el Estado se protege de conductas atléticas de los grupos políticos que aspiran al poder, para tratar de garantizar una conducción ética del mismo en el futuro. Nuestro sistema económico es impulsado por la obtención de la máxima ganancia, dentro de una suerte de torbellino avasallante que menosprecia los costos sociales de esta conducta, los cuales son tan elevados que han llevado a reaccionar en su contra a economistas prestigiosos en todas partes del mundo, al nacimientos de conceptos como lo de “capital social” (Kliksberg, 200 a, b; 2002) y al tratamiento de los contrastes en eventos de este tipo que los considera como “los desafíos del desarrollo”.
La existencia de esta situación impone trabas que dificultan el asentamiento y extensión de un comportamiento ético en los diferentes niveles gubernamentales y también dentro de las filas de la oposición política. Una consecuencia es el esfuerzo institucional que se debe hacer para fortalecer a la burocracia gubernamental, de manera que le permita resistir las presiones perversas de usuarios y contratistas suplidores de servicios e insumos materiales quienes, con su proceder carente en absoluto de ética, trabajan continuamente en la perversión de todo aquel que supuestamente se necesite para la tramitación de adquisiciones y pagos. Con la oposición, como ya se señalé, parte de la concertación de los “negocios” es a futuro, pero como comparte responsabilidades de gobierno también debe efectuar esfuerzos para garantizar un comportamiento honesto de sus funcionarios, comprender estas dificultades significa descubrir sus muchas y variadas aristas, así como las dificultades existentes para el control y corrección de las mismas, lo que en absoluto quiere decir que se esté justificando una situación indeseable y nociva para la mayoría.
Se trata de conocer con detenimiento el fenómeno y sus causas, para poder abordarlo como procede, detectarlo precozmente, castigarlo en forma ejemplar y así terminar por erradicarlo en forma definitiva. Para ello necesitamos una nueva aproximación a los problemas, asó como establecer acuerdos y alianzar de nuevo tipo, que permitan prácticas y ejecuciones frescas e incorporen realmente a la sociedad toda en acciones que vayan mucho más allá de lo declarativo, de las simples promesas, de la necesaria pero insuficiente “buena intención” o de la formal resolución tomada por expertos en un seminario local o congreso internacional. Como los que personalmente he asistido.
Otro elemento a tener en cuenta con relación a la carencia de ética que comenzamos analizando es el relativo a la juventud de nuestra nación, todavía en procesos de maduración, con instituciones no consolidadas, preñadas de necesidades e insatisfacciones que, junto con la pobreza educativa generalizada, dificultan la participación ciudadana, el ejercicio pleno de la democracia y construcción de equipos gubernamentales eficaces, eficientes, de respuesta oportuna y de alta gerencia social.
Es claro que estas limitaciones afectan también a la oposición, pues la democracia, la participación y la construcción de equipos de trabajo, no son posibles en medio de una pobreza educativa general. Influye, por otra parte, el proceso histórico de formación de nuestros estados y de sus nacientes democracias, que para garantizar sus estabilidad y funcionamiento requirieron ganar legitimidad y apoyo copular masivo, por lo que se organizaron alimentando una burocracia parásita, ignorante, totalmente improductiva, sin valores éticos de ningún tipo, con elevados grados de corrupción, consumidora de buena parte del presupuesto de gastos del Estado y dispuesta a cualquier cosa para mantener esa situación insostenible de privilegios, la cual se disfraza detrás de los llamados derechos adquiridos. Es este actualmente uno de los principales y más difíciles problemas a ser resueltos por nuestros gobernantes, si realmente se quiere emprender con seriedad el camino del desarrollo económico y humano posible con alcance real en su capital social. Pero no se trata de un problema sólo de los gobernantes, se rata de un problema de país como un todo, incluyendo a la oposición política, la que tendría que lidiar con esa burocracia si llegara a asumir el control del Estado. Además, esa pesada e ineficiente no sólo dificultan el funcionamiento del gobierno lo cual en principio podría ser visto por la oposición política, pues termina por dañarlos a ellos también. Ni el gobierno, ni la oposición, puede estar interesado en destruir al país, si su comportamiento se inscribe dentro del campo de los mandatos de la ética, independientemente que, no tenemos en consideración la existencia de otros intereses o el uso de la razón.
Puede ser, y acontece en la realidad, que ni el gobierno ni la oposición sepan que hacer con el país, con su aparato productivo, con su política fiscal, con sus relaciones comerciales, con su política social, y eso los lleve a fracasos estrepitosos, generalmente pagados principalmente por las mayorías desposeídas del la sociedad civil. Eso es factible, y nuestra historia esta llena de casos aleccionadores ocurridos muy atrás en el pasado y muy recientemente. Países de América Latina, símbolos pasados del éxito, han caído en situaciones indeseables por errores de los gobiernos y de sus grupos de oposición que hicieron su trabajo sin tampoco saber que hacer con el país y no pudieron evitar con sus acciones la debacle ocurrida y la miseria del presente. La oposición política tiene una función importante en el desempeño de los gobiernos democráticos. No esta allí sólo para demostrar que existe y que por lo tanto se está en presencia de una democracia. No esta allí sólo por la motivaciones de sus integrantes y la lucha por el poder que estas motivaciones producen. No esta allí solamente para tratar de desplazar a su adversario gubernamental y sustituirlo en el futuro. Está allí también para gobernar. Sí, para gobernar… no en la forma de alianzas que usualmente vemos en nuestro país, sino ejerciendo como es debido su acción opositora. Si no asumen posiciones prejuiciados, ni demostrativas, si es objetiva en el análisis de la acciones gubernamentales, si tiene como norte el bienestar del país, la oposición adquirirá debida, que necesariamente conducirá, a hacer variar la acción gubernamental en determinados casos, lo que significará que la oposición está ejerciendo su derecho a gobernar, en forma similar a como lo hace en el Congreso Nacional en la elaboración de leyes y realización de otras funciones. “Actuar de una forma no constructiva conduce a negarse como oposición, a peder su carácter de alternativa y a no comportarse bajo los dictados de la ética”
En el campo de la ética existe, y es necesario decirlo, un disociación entre lo que se dice y lo que se piensa, más que evidente en los altos representantes de la economía mundial y de las finanzas, los mandatarios de los países poderosos, el comercio, la gerencia privada y las capas sociales más desfavorecidas. Así, mientras el discurso es vehemente y apasionado respecto de la necesidad de alcanzar la protección del niño y adolescente, lo cual indicaría que se rata de un valor ético importante de toda la sociedad, la desnutrición infantil afecta al 30% de los menores de dos años y los niños de la calle aumentan en número, sin que se produzca la esperada reacción de horror al respecto. Y pero, sin que se produzcan acciones efectivas de todos dirigidas a aminorar situaciones y mucho menos tendientes a eliminar las causas de las mismas.
Esto significa que ciertos grupos sociales o personalidades no creen realmente todo lo que dicen sobre determinados valores éticos, cuya estricta aplicación podría significar una merma en la magnitud de la riqueza por ellos disfrutada. Ocurre lo mismo con la aceptación del significado de los conceptos de equidad e igualdad social. Es difícil, si no imposible, encontrar a alguien que de frente y sostenga que es en desacuerdo con la equidad. Usualmente esas posiciones se disfrazan detrás de otro tipo de consideraciones. En general, todo el mundo está de acuerdo con la equidad y con la igualdad social, vistas así, en abstracto. Sin embargo, al momento de organizar acciones para garantizar la vigencia fe ambos conceptos, aparecen las contradicciones y los rechazos, y se revelan de esa manera quienes realmente se oponen y están en desacuerdo con el significado de los conceptos. Y eso pese a las limitaciones que ya tienen estos conceptos, por lo menos el de equidad definido como la igualdad de oportunidades, pues es claro que no todos en la sociedad tienen la misma capacidad de utilizar las oportunidades que se les presentan, por loo que se trataría entonces de distribuir de un modo equitativo las capacidades de acceder a las oportunidades, lo que implica de un cambio cualitativo del concepto (Fuenmayor, 2002b). En respaldo de estas afirmaciones invoco las opiniones de especialistas internacionales en la disciplina, quines señalan que el planteamiento ético a las relaciones económicas entre los países avanzados y naciones atrasadas. Así, Ugalde -2001, 2002- habla de las dificultades de mantener la mecánica del individualismo posesivo y la necesidad de incorporar la solidaridad como valor ético necesario para alcanzar el desarrollo para todos en paz. Otros rechazan la aplicación de modelos y recetas de otras latitudes –Flores, 2001- o alertan sobre los peligros de la “globalización” que ha nublado lo fines y ha quebrado la perspectiva de los valores culturales (Montes, 2001).
Las contradicciones anteriores significan la existencia de una dualidad valorativa entre lo que valoramos como más justo teóricamente y lo que aceptamos ocurra en la practica diaria, aunque no se trataría de una doble moral – Prats &Catalá, 2001- sino de reconocer que la valoración ética teórica es incapaz, por el momento, de hacer variar en forma importante las cosas y, por lo tanto, para sobrevivir en un medio institucional, en el que sería suicida poner en práctica nuestros ideales éticos valorativos, y terminamos aceptando un discurso práctico mucho más permisivo. Esto explicaría el doble juicio valorativo ético y la tensión que se produce en todas las sociedades entre el nivel normativo y el nivel práctico de nuestros juicios.
“En síntesis, practicamos realmente una moral informal que desgraciadamente ni se ajusta a lo que pensamos ni tampoco es capaz de producir los cambios éticos requeridos”
Lo señalado anteriormente, sin embargo, no debería inhibirnos de continuar la lucha por la implantación de una nueva ética en las instancias gubernamentales y en el seno de la oposición política al interior de nuestro país y en las relaciones con otras naciones, con organismos financieros multilaterales y con empresas transnacionales de distinto tipo -Fuenmayor, 2002ª-. Acéptese o no, nuestro país no avanza hoy hacia etapas más vanguardistas que las democracias actuales, se requerirá mayor participación de la gente hasta que las coaliciones políticas protagonicen la construcción de sus propios destinos. Esto necesariamente incrementará las demandas éticas de los pueblos y sus gobernantes, a los dirigentes sociales y al resto de las organizaciones políticas y gubernamentales, oficiales y privadas, independientemente de las dificultades que generen los antivalores creados por las relaciones perversas de las últimas décadas producto del enriquecimiento ilícito. (Fuenmayor. 2002ª) Y así tenemos ejemplos como Iver-Link, Ferrocarriles del Estado, Chile Deportes, INDAP, Transantiago, por mencionar los conocidos por la opinión públicas.
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